En días pasados el Senado de la República aprobó la reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones la cual ordena la creación del Registro de Usuarios de telefonía móvil que tendrá como objetivo, al menos así se ha justificado, disminuir la extorsión telefónica y otras actividades delictivas que se llevan a cabo a través de estos medios.
Pero ¿Qué tiene que ver esta reforma con nosotros? El Registro se integrará por una serie de datos de todos los usuarios de servicios de telefonía móvil incluidos los datos biométricos como podrán ser la huella digital, el reconocimiento facial o la lectura del iris por mencionar sólo algunos. Estos datos que serán captados por las compañías de telefonía móvil serán transferidos al Instituto Federal de Telecomunicaciones quien administrará y supervisará el Registro, el cual, no tiene la capacidad presupuestaria para llevar a cabo esta labor. Así lo ha referido ya dicho organismo.
A la par, la reforma ordena que las compañías no requieran el consentimiento de los usuarios para captar, usar, almacenar o transferir los datos pues al constituir un mandato de ley específica ingresará como una excepción al consentimiento, en otras palabras, no espere el lector poderse oponer a dichos tratamientos, pues en el caso de hacerlo, podrá tener como posible sanción la cancelación de la línea o bien una multa que puede ascender a 89,620 pesos.
A diferencia de lo que sucede con otros tipos de datos como pueden ser los de identificación, sensibles o patrimoniales, los datos biométricos revelan parte de nuestra identidad que nos hace únicos, es decir que nos identifican plenamente y que constituyen los elementos esenciales de nuestro mismo ser. El tratamiento de los datos biométricos no sólo debe equiparse a un dato sensible o a un dato patrimonial, por el contrario, el tratamiento de los mismos debe buscar como medida de seguridad oportuna, la máxima protección por parte del responsable pues en caso de su vulneración, no sólo se comprometerá algún aspecto de la vida privada de las personas sino se comprometerá su identidad como tal.
Seguramente el lector se preguntará sobre la experiencia comparada, es decir, que países del mundo cuentan con este tipo de registros y le sorprenderá que son muy pocos países los que cuentan con este tipo de ejercicios y que curiosamente son países ligados con regímenes autoritarios o totalitarios como son los casos de Afganistán, Pakistán, Tailandia o Venezuela.
La reforma aprobada por 54 votos en el Senado debe constituir una alarma para todos los mexicanos. El régimen legal de protección de datos personales en posesión de particulares ni siquiera menciona a los biométricos como una categoría de dato e incluso, se le puede dar el mismo tratamiento que uno de identificación, es decir como si fueran de la más baja categoría. Por si fuera poco, en un estudio reciente que publica la empresa B Secure sobre medidas de seguridad en el tratamiento de datos personales en las organizaciones privadas en México revela que un 79% de dichas organizaciones no cumple de manera adecuada con las obligaciones derivadas de la ley respecto a la seguridad de la información que custodia.
Sin lugar a duda, la preocupación sobre las actividades delictivas que se cometen por estas vías es legítima pero también es cierto que, por ejemplo, en el caso de las extorsiones telefónicas, en un porcentaje que supera el 60% provienen de los centros de readaptación social. Es claro que, en lugar de tomar una medida desproporcionada de tratamiento de datos, que desde luego abre la puerta para mayores peligros a los ciudadanos, sería oportuno revisar la causa real en donde se produce ese tipo de delitos.
Apelemos ahora a que el titular del Ejecutivo pueda vetar esta reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones, pero bajo la lógica que la inspira, tenemos una seria presunción de que ello no ocurrirá y se concretará una de las reformas delicadas, preocupantes y violatorias a la privacidad que en cualquier sistema democrático se pueda pensar. La captación, uso, almacenamiento y difusión del Estado de estos datos alimenta una vez más la percepción de un sistema político que camina aceleradamente hacia aquel sistema que durante muchos años buscamos erradicar.
Fuente: El Economísta
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