España Ley de Ciberseguridad: El Gobierno da largas a la lista negra de proveedores de 5G para evitar un choque con China

El Gobierno da largas a la ‘lista negra’ de proveedores de 5G para evitar un choque con China.

El Ejecutivo retrasa la aplicación de la ley de ciberseguridad que se aprobó con máxima urgencia para minimizar su coste para las operadoras.

Un visitante del Mobile World Congress de Barcelona, el pasado febrero. Sede europea de la ONU en Ginebra, en una foto de archivo JORDI PUJOLAR 3 de enero de 2023 14:43h 14:43h 0 La ONU ha alertado de vulneraciones de derechos humanos en el caso del espionaje con Pegasus y ha instado al Gobierno español a “investigar, procesar ya imponer sanciones” y Palumbo con quienes colabora, y con las tendencias estilísticas en boga en la ciudad que, recordemos, era entonces un virreinato de la corona española, la ciudad más poblada de Italia y la segunda de Europa, después de París, con una boyante vida cultural. La iniciativa de la comisaria europea de Salud, Stella Kyriakides , se habría realizado en los últimos días, antes de una reunión de la Comisión Sanitaria de la UE, con el objetivo de organizar una respuesta europea a la ola de infecciones, según han explicado varios funcionarios al periódico 'Financial Times'. 

PAU BARRENA (AFP) Nueve meses después de su entrada en vigor, todavía no se ha puesto en práctica el núcleo central de la ley de ciberseguridad de la red 5G.Para que se aplique, según fuentes del sector, hace falta que se apruebe la lista de proveedores de alto riesgo a los que se excluirá de las partes más sensibles de las redes de comunicación de quinta generación; y, además, el listado de ubicaciones en las que, por su vinculación con la seguridad nacional o con infraestructuras de carácter estratégico, no puede instalarse ningún componente de dichos proveedores. El texto responde a una comunicación de la secretaria general de ERC, Marta Rovira, en Naciones Unidas en nombre de las víctimas de los republicanos y en coordinación con el resto de organizaciones afectadas por el 'Catalangate'.La primera decisión corresponde al Consejo de Ministros; y la segunda, al Consejo de Seguridad Nacional. 

Con un proyecto museográfico elegante, teatral y solemne, el recorrido recuerda la vinculación de esta muestra con la exposición de la National Gallery londinense Esta exposición, por tanto, lejos de los escabrosos y traumáticos acontecimientos en su adolescencia –su violación y posterior juicio–, a partir de los que Artemisia se erigiría como una de las mujeres más independientes y audaces de su época, y con casi medio centenar de pinturas, de las que la mitad son de Artemisia con destacados préstamos procedentes de Europa y Estados Unidos, se centra en estudiarla como uno de los grandes maestros de la pintura barroca, coetánea de los de nuestro Siglo de Oro , como Velázquez , al que conoció en 1630 en un viaje del pintor desde Roma a la ciudad napolitana. La ley de ciberseguridad, que entró en vigor el pasado 31 de marzo, daba un plazo de tres meses para adoptar ambas decisiones: hasta el 30 de junio. 

La resolución recoge el espionaje al presidente del Govern, Pere Aragonès; la consejera de Acción Exterior y la UE, Meritxell Serret; los ex líderes del ANC Elisenda Paluzie y Jordi Sánchez; el abogado Andreu Van den Eynde; la dirigente de ERC Marta Rovira; o el ex diputado de ERC y actual director de la Oficina de Estrategia y Comunicación del Govern, Sergi Sabrià, o a los eurodiputados republicanos Jordi Solé i Riba. Sin embargo, aún no hay fecha para su aprobación, reconocen fuentes gubernamentales. La comunidad internacional ha pedido transparencia a las autoridades chinas, ya que dudan de los datos proporcionados en cuanto a cifras de muertos y contagiados. 

Tampoco para el primer Esquema Nacional de Seguridad y Servicios 5G, un análisis de los riesgos y las medidas para mitigarlos, que debía estar listo en el doble de tiempo, seis meses ya sobrepasados. La ONU dejaba 60 días de margen al Gobierno español para que respondiera. Un patronazgo que no será óbice para que la pintora continúe con encargos para la élite de coleccionistas italianos y europeos, mientras atrae a los mejores mecenas locales. En el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, competente en la materia, alegan que no existe tal retraso pues, en el calendario legislativo inicial, la ley de ciberseguridad 5G estaba prevista para finales de 2022.Pero fue el propio Gobierno el que decidió aprobar la norma por decreto-ley y no mediante un proyecto de ley, de tramitación más lenta, apelando a la “extraordinaria y urgente necesidad” derivada de la invasión de Ucrania, el pasado 28 de febrero, y del “ elevado riesgo de ciberataques contra redes y servicios 5G ya desplegados en nuestro país o con despliegue previsto en los próximos meses”. 

La Misión Permanente de España ante la ONU respondió el 22 de diciembre en la que apuntaba que toda actividad policial desarrollada por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado se enmarca “siempre dentro de lo escrupuloso respecto a la legalidad”. Según el preámbulo de la norma, el recurso al decreto-ley garantizaba “la entrada en vigor con celeridad de aquellas medidas que permitan prohibir o limitar la actividad en el mercado de suministradores que hayan sido considerados de alto riesgo o riesgo medio por el Gobierno, en base a criterios técnicos y aspectos estratégicos”. La celeridad, sin embargo, desapareció cuando la norma se publicó en el BOE. Y argumentaba que no es posible pronunciarse sobre casos objeto de investigación judicial. 

Presiones de EE UU renovadas presiones de Washington, que viene reclamando desde hace años a los países europeos que den ese paso, mientras que la actual demora responde a la necesidad de ganar tiempo para evitar un choque diplomático con China y minimizar el coste para los operadores de telefonía (Telefónica, Orange y Vodafone, fundamentalmente) que deben desprenderse de los componentes de origen chino. Aunque la ley no los cita expresamente, todos los interlocutores de EL PAÍS dan por hecho que la lista negra incluirá a los dos gigantes del país asiático: Huawei y Stela ONU expresa una “preocupación muy seria” por este “programa de espionaje extenso y bien coordinado” sobre activistas y figuras públicas independentistas. 

El artículo 14 de la ley de ciberseguridad 5G señala que, más allá de las certificaciones técnicas y auditorías de seguridad de los equipos, a la hora de vetar a un suministrador se tendrán en cuenta sus vínculos con gobiernos extranjeros, su capital social y órganos de dirección, la legislación sobre ciberdefensa o protección de datos y el respeto al derecho internacional en su país de origen; así como “el poder de un tercer Estado para ejercer presión” sobre la compañía. “Verde y con asas”, señalan fuentes del sector. También temen que el uso generalizado de este tipo de software pueda aumentar “la autocensura” y que esto se traduzca en un “efecto inhibidor” sobre el derecho a la libertad de opinión y expresión en Cataluña en general. Aunque Huawei alega que es propiedad de sus empleados y no del Estado, la Ley de Inteligencia Nacional china de 2017 obliga a todas sus empresas a “apoyar, cooperar y colaborar” con los servicios de espionaje; lo que muchos interpretan, aunque Huawei lo niegue, como un permiso de acceso por la puerta trasera. 

Fuentes del Ministerio de Economía admiten que el veto no puede ceñirse a productos concretos pues, aunque se verifique que uno no está hackeado, eso no garantiza que no pueda estarlo otro del mismo modelo; ni tampoco al software, pues este se actualiza permanentemente y, por lo tanto, la lista se basará también en los “riesgos estratégicos” y niveles de “exposición a injerencias extranjeras” asociados a la empresa suministradora. “Esta focalización específica parece interferir en el derecho de los grupos minoritarios a afirmar y promover libremente su identidad, cultura y puntos de vista”, sostienen. Lo que más afecta es lo que sucede más cerca. Para no perderte nada, suscríbete. 

La resolución también presta especial atención al presunto espionaje a Van den Eynde, abogado del presidente de ERC, Oriol Junqueras, o del exconseller Raúl Romeva.Suscríbete Para evitar el choque frontal con China, se baraja la posibilidad de que el acuerdo con la lista de compañías vetadas sea clasificado como secreto, pero la ley obliga a dar audiencia previa, por un plazo 15 días, a los operadores y suministradores afectados y el acuerdo del Consejo de Ministros, una vez aprobado, puede ser recurrido ante los tribunales, por lo que se acabará conociendo. La dependencia de la tecnología china es una preocupación compartida en Europa.ERC seguirá reclamando “responsabilidad, garantías de no repetición y reparación” En un tuit en Twitter, Rovira ha afirmado que ERC seguirá reclamando transparencia al gobierno sobre qué entidades gubernamentales utilizaron Pegasus para espiar, que asuma las responsabilidades pertinentes y que garantice que hechos como éstos no vuelvan a producirse. 

La UE aprobó en 2020 la llamada “caja de herramientas de seguridad 5G”, un conjunto de medidas destinadas a mitigar los riesgos asociados a esta tecnología, pero dejaba en manos de los gobiernos la adopción de las más drásticas. Mientras el Reino Unido, siguiendo la directriz de Washington, limitó el acceso de Huawei a su red 5G (aunque con un largo periodo de transición hasta 2027) y Suecia la ha excluido pese a las represalias de Pekín contra Ericsson, otros países intentan sortear el conflicto. Los republicanos también esperan que esta resolución impulse a la justicia española a dejar de entorpecer el curso de las querellas presentadas y lleve a cabo una investigación efectiva de los casos de espionaje denunciados. En noviembre pasado, Margrethe Vestager, vicepresidenta de la Comisión Europea a cargo de los temas digitales, instó a los gobiernos a actuar con urgencia, criticando el retraso de Alemania, “pero no solo de Alemania”. Y apostilló: “Algunos países han aprobado ya legislaciones. Sería incluso mejor si las pusieran en práctica”. 

Aún no está claro si la lista negra de suministradores será secreta, pero sí lo será la relación de ubicaciones en cuyas redes de acceso estará vetado el uso de equipos y componentes de empresas de alto riesgo, como centrales nucleares, centros de interés para la defensa y la seguridad nacional o infraestructuras estratégicas. La amplitud de este listado determinará el alcance del veto a las compañías chinas, aunque el actual borrador —pactado entre los ministerios de Economía, Defensa e Interior— apunta a una relación larga, pero ceñida estrictamente a las instalaciones, y no a las “zonas geográficas” donde estas se ubican, como la ciudad de Madrid. 

Además de vetarlos en los sistemas de las administraciones públicas, habrá que determinar con mayor precisión cuáles son los “elementos críticos” de las redes 5G donde estará prohibido usar componentes de alto riesgo, pues la ley solo alude a su “núcleo” ( core, s) y a “los sistemas de control y gestión y los servicios de apoyo”. Pero la gran batalla está en los plazos de los que dispondrán las operadoras para desprenderse de componentes chinos, ya que la red 5G aprovecha buena parte de la infraestructura 4G y, según diversos estudios, en torno al 40% de los actualmente instalados tienen ese origen. No es sorprendente teniendo en cuenta que Telefónica tenía una alianza estratégica con China Unicom, con la que llegó a intercambiar un paquete accionarial.


Fuente: Head Topics