La reforma legislativa que prepara el Gobierno con el anteproyecto de ley de Ciberseguridad es el principal reto para culminar el despegue de la tecnología 5G.
Las vicepresidentas Nadia Calviño y Yolanda Díaz junto al presidente Pedro Sánchez
en el Consejo de Ministros. Foto: EFE/Javier Lizón
en el Consejo de Ministros. Foto: EFE/Javier Lizón
La reforma legislativa que prepara el Gobierno con el anteproyecto
de ley de Ciberseguridad es la principal asignatura
pendiente que queda en España para el despliegue de la tecnología 5G, puesto
que debe determinar el marco regulatorio y los actores que podrán participar.
Así lo expresaron varios expertos del sector consultados por Servimedia,
que indican que hace falta “construir un entorno legal que
fomente la inversión y la innovación”.
El pasado mes de julio se dio uno de los pasos fundamentales
para el despliegue del 5G en España, al adjudicarse la
banda de frecuencias de 700MHz entre los tres principales
operadores: Telefónica, Vodafone y Orange.
El director general de la patronal tecnológica DigitalES, Víctor
Calvo-Sotelo, señaló sobre el reparto de frecuencias que,
“terminada la subasta de 700 Mhz y acordada la distribución entre operadores de
3,5Ghz, solo queda pendiente la banda de 26 Ghz, de usos más específicos”.
La reordenación de la
banda de 3,5 GHz era uno los puntos más urgentes ya que, como
afirma Noelia
Miranda, miembro del Colegio Oficial de Ingenieros de
Telecomunicación (COIT), “las frecuencias de esta banda están dispersas y esto
impide disponer a los operadores de un espectro continuo para ofrecer las
máximas velocidades”. Además, esta “será la banda que soportará la mayor
parte del tráfico 5G”.
Avanzados estos puntos, solo faltaría la subasta de 26 GHz que,
según anunció recientemente el Ejecutivo, está prevista para finales de este
año o principios
de 2022, y que estará destinadas a usos específicos como
fines industriales por parte del sector empresarial.
España busca una armonización a nivel europeo de la ciberseguridad
Respecto
al anteproyecto de ley de Ciberseguridad, DigitalES destacó a Servimedia que
en España “estamos
dando pasos decididos hacia una mayor armonización regulatoria a nivel
europeo”.
“Conocemos ya un primer texto de la Ley que se enmarca dentro
de las recomendaciones de la Comisión y al que hemos hecho observaciones en la
línea de aspirar a modelos normativos más homogéneos, a la
simplificación de trabas y, en términos generales, a
construir un entorno legal que fomente la inversión y la innovación”, dijo Calvo-Sotelo.
La Comisión Europea elaboró el llamado ‘Toolbox’, una
serie de recomendaciones para que los países miembros elaboren su propia
legislación en materia 5G. Entre esas guías cabe destacar el uso de
certificaciones independientes y de criterios técnicos para determinar la
entrada de los actores en el despliegue de esta nueva tecnología.
Javier Fernández-Samaniego, socio director de Samaniego
Law, manifestó que desde que el anteproyecto de ley del 5G
se lanzó a consulta pública a finales de 2020, “el sector está a la espera del
nuevo texto en la confianza que la futura ley no incluya cuestiones de índole
geopolítica en una norma que debe ser, por definición,
puramente técnica. Deberían eliminarse los artículos que permitían al Gobierno
llevar a cabo un ‘profiling’ de riesgo de suministradores amparado en esas
cuestiones geopolíticas”.
El retraso en la
publicación del anteproyecto y la incertidumbre sobre los criterios que
se adoptarán podrían estar generando dudas en el sector y dificultando las inversiones.
Así lo cree Fernández-Samaniego, para quien “resulta crucial que se presente
cuanto antes el proyecto y que éste se centre en medidas
técnicas, teniendo muy presente el esquema de certificación europeo”.
En este sentido, añadió que deberá apostar por un “mercado de suministradores
diversificado” tanto en 5G Core y Radio, evitando
“cualquier límite de cuota de mercado, otorgando a los operadores plena
soberanía a la hora de elegir sus suministradores” para evitar retrasos y
sobrecostes que acabaría “pagando el consumidor”.
En esta misma línea se expresó Noelia Miranda, del
COIT, ya que espera que la nueva ley “esté alineada con los principios
inspiradores del código europeo, favoreciendo las inversiones y fomentando la
competencia”. “Este retraso regulatorio podría retrasar la toma de
decisiones y por tanto, las inversiones necesarias”, advirtió.
Además, alertó de que el “retraso en la tramitación parlamentaria” no solo se
produce en el anteproyecto, sino que para el sector es “fundamental” que se apruebe
la nueva Ley General de Telecomunicaciones adaptada
al Código
Europeo de Comunicaciones Electrónicas, “ya que marca las
reglas del juego y el funcionamiento del mercado”.
Según el Gobierno, la aprobación de la Ley General de
Telecomunicaciones estaría prevista para el segundo trimestre del 2022 e
incluiría en el ordenamiento jurídico español numerosas transposiciones de
recomendaciones y mandatos provenientes del Consejo y del Parlamento Europeo. Este
sería el último gran paso regulatorio de cara al despliegue del 5G en España.
Fuente: Economía Digital
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