El Gobierno prevé recaudar 127 millones de euros en la subasta para la que Telefónica plantea un potencial incremento de precios por la participación de compañías privadas al margen de las operadoras.
Es la última subasta de espectro radioeléctrico que queda para el despliegue de las redes ultrarrápidas 5G en España. Y las operadoras de telecomunicaciones se preparan para afrontarla en el último trimestre de este año. La inversión no será especialmente cuantiosa en comparación con la de la banda de 700 'megahercios', pues el Gobierno espera que la recaudación no supere los 130 millones de euros. Pero desde compañías como Telefónica se advierte de un potencial encarecimiento de los bloques de frecuencias por la posibilidad de que acaben participando empresas que no son telecos 'puras'.
Las operadoras no habían mostrado en los últimos años un interés especial por esta banda de frecuencias, muy específica y destinada a usos más avanzados. En 2019, el Gobierno hizo una consulta pública y concluyó que no había demanda suficiente, pues estaba más centrada en las otras dos. Tres años después, durante el pasado mes de enero, el Ejecutivo abrió una consulta pública precisamente para medir esa demanda y, sobre todo, escuchar las propuestas. Se sacarán a licitación paquetes de frecuencias de 200 'megahercios' -muy superior a otras subastas- aunque aún no se ha decidido el número final.
Los plazos no los han hecho públicos desde el Gobierno. Se limitaban a decir que más allá de junio. Sin embargo, desde Vodafone precisan en su informe anual que será durante el cuarto trimestre del año, lo que permitirá a las telecos coger algo más de aire para afrontar la inversión. Esta puja se produciría un año después de que se iniciaran los primeros despliegues sobre la banda de 700 megahercios subastada el pasado año y una vez que se ha completado la reorganización de las frecuencias la banda de 3,5 gigahercios entre las cuatro operadoras de telecomunicaciones.
La señal de las conexiones móviles de quinta generación circularán por tres 'carreteras' en función de las necesidades: la de 700 mhz, la de 3,5 Ghz y la de 26 Ghz. Esta última, que es la que se subastará ahora, permite una propagación menor por lo que proporciona una cobertura inferior que el resto pero una capacidad muy superior y con una latencia -tiempo que tarda entre que la señal se emite y se recibe respuesta- muy baja. El uso industrial será clave. Se espera que pujen fuerte compañías que no son operadoras y que van desde gestoras de torres como Cellnex a proveedores de red o grandes empresas que necesitan crear sus propias redes privadas.
Esa participación de empresas al margen de las operadoras podrán encarecer el precio final que se pague. Así lo cree Telefónica, quien insistió en su informe anual de 2021 que la posibilidad de que se asigne parte del espectro para el uso de verticales supondría "una mayor competencia en el segmento de redes privadas de empresas y un eventual encarecimiento del espectro". Desde el Gobierno se espera ingresar 127 millones de euros. Es, al menos, lo que está plasmado en los Presupuestos Generales del Estado para el ejercicio. Pese a ser un esfuerzo relevante, está muy lejos de los 1.010 millones que se repartieron los tres principales operadores (Telefónica, Vodafone y Orange) en la puja de 700 Mhz.
"Se espera que compañías que no son telecos -como gestoras de torres o proveedores de red- pujen fuerte por los paquetes de 200 Mhz de la banda".
Sin ayudas a la 5G rural
Mientras tanto, las operadoras deben pisar el acelerador en este año para cumplir con las exigencias de cobertura que planteó el Gobierno para entregar las frecuencias de 700. Antes del 31 de diciembre de este año deberán proporcionarse cobertura en el 30% de los municipios principales en España. A mediados del 2025 debería alcanzarse el 100%. Para esta expansión van a ser claves las ayudas. Pero el plan de dinero público para extender las redes en las zonas rurales ha encallado debido a que sólo cubre la infraestructura pasiva, es decir, las torres sin más, y no la activa (con toda la tecnología para emitir y recibir señal).
El Gobierno trató de hacer un guiño a las operadoras a mediados del año pasado ante el nuevo escenario de fuerte inversión para los despliegues, con algunos compromisos que iban desde una rebaja de esas obligaciones de cobertura, hasta una reducción de las tasas. En concreto la tasa por reserva de espectro se reducirá temporalmente durante los dos primeros años. Esto será a cambio de una mayor inversión. Vodafone avisa en sus cuentas que esta medida le permitirá un ahorro de 11 millones de euros.
Fuente: La Información
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