La nueva frontera regulatoria de las telecomunicaciones en Europa

La UE se enfrenta ahora a la necesidad de normativizar las comunicaciones transfronterizas con otros bloques económicos.

 

En el ámbito de las políticas digitales, la Unión Europea realiza de modo recurrente una revisión del marco legal de los servicios de telecomunicaciones. Se aprobaron en 2002 un primer conjunto de directivas que fueron revisadas y enmendadas en el año 2009 con la aprobación del denominado paquete Telecom.

Después, en el año 2013, la Comisión Europea intentó sin éxito que se aprobará su propuesta de reglamento del Mercado Único de las Telecomunicaciones, que quedó reducida en 2015 a la eliminación de cargos adicionales por roaming. Finalmente, en el año 2018 se aprobó la directiva del Código Europeo de Comunicaciones Electrónicas propuesta en el año 2016, que unifica en una sola norma las directivas sectoriales vigentes hasta entonces. El Código de Comunicaciones introdujo escasas novedades más allá del ejercicio de consolidación, los acontecimientos globales acaecidos desde su aprobación han puesto de manifiesto la necesidad de revisar y reforzar la regulación común europea en ciertas áreas.

Los cables submarinos han sido vitales para mantener cierta actividad de las cadenas de suministro globales durante el confinamiento y se ha temido que pudieran ser objetivo de ataque durante la invasión de Ucrania. Los sistemas satelitales están en expansión y pueden ser un mecanismo efectivo de llevar la banda ancha a las áreas más rurales y remotas, evitando su aislamiento en futuras crisis globales.

La aceleración de la digitalización tras la irrupción del Covid-19 ha demandado un refuerzo de las redes y el consecuente coste extraordinario para hacer frente al crecimiento de demanda. Aunque el proceso de transposición del Código no ha finalizado aún en todos los Estados miembros, existen señales de que la Unión Europea se encamina hacia una nueva revisión del marco legislativo del mercado de las telecomunicaciones en, al menos, estas tres áreas.

La preocupación por la regulación de la conectividad del continente europeo mediante cables submarinos comenzó ya en el primer semestre de 2021, durante la presidencia portuguesa de la Unión Europea. La declaración ministerial sobre el papel de Europa como pasarela global de datos introducía la recomendación de promover la definición de los cables submarinos como una de las infraestructuras críticas de la Unión, desarrollando acciones legislativas para la mejora de su ciberseguridad, la concesión de licencias de amarre y su registro público. El impulso político de los ministros responsables de telecomunicaciones ha sido complementado en marzo de 2022 con la publicación de un estudio por parte de la Comisión Europea sobre la estrategia, financiación y regulación de la conectividad submarina de la Unión en la que concluía la necesidad de crear un marco legal comprensivo y común a la UE.

Una segunda área en la cual Europa parece próxima a desarrollar una regulación son las comunicaciones satelitales. Aprovechando el abaratamiento proporcionado por los sistemas LEO, diversas empresas y gobiernos están promoviendo la creación de constelaciones de satélites que faciliten la comunicación universal de banda ancha ultra-rápida, por lo que es preciso revisar la regulación la gestión de los recursos escasos necesarios para las mismas, tanto espectro como posiciones orbitales, orientada a generaciones tecnológicas anteriores. La declaración ministerial promovida por la Presidencia portuguesa mostraba también su interés por esta materia, instando al desarrollo, al menos, de guías para el licenciamiento de los sistemas satelitales. En una reciente comunicación, la Comisión Europea también hacía suya ésta preocupación, introduciendo en la agenda internacional la gestión del tráfico espacial como objeto de diálogo multilateral, pero sin descartar proponer una regulación propia de la Unión a Consejo y Parlamento.

Finalmente, existe una presión creciente de la asociación europea de telecomunicaciones para la creación de un mecanismo para la compensación por parte de las grandes empresas tecnológicas por su uso intensivo de las infraestructuras digitales, que es estimada en un 55% del tráfico global. Las operadoras señalan a las tecnológicas como las principales beneficiarias de las costosas redes de acceso, que las primeras dicen verse obligadas a mantener y reforzar para el crecimiento del negocio de las segundas. El Consejo de la Unión ha mostrado ya su sensibilidad hacia esta demanda, introduciendo una enmienda en este sentido dentro de su posición sobre la propuesta de la Comisión Europea para el Itinerario hacia la Década Digital. De progresar esta posición en las negociaciones con el Parlamento, implicaría el impulso a una reforma del marco legal de una internet abierta aprobado en 2015.

Después de realizar el desarrollo legislativo necesario para la creación de un mercado único de telecomunicaciones en el continente, la Unión Europea se enfrenta a la necesidad de regular las comunicaciones transfronterizas con otros bloques económicos. En el nuevo ciclo legislativo que se abre, parece perfilarse, de nuevo, un combate de presiones entre operadores de telecomunicaciones y las grandes tecnológicas, no solo por el coste de uso de las redes de acceso, sino también por los intereses de estas últimas en sistemas submarinos (caso de Google y Facebook) y satelitales (caso de Amazon y Tesla/Starlink).

Si la batalla hasta el momento ha estado en la trinchera de los servicios digitales sustitutivos de voz y mensajería, ahora se sitúa en las infraestructuras de telecomunicaciones. La propuesta legislativa de la Comisión Europea podemos esperarla en el último año de la actual legislatura europea, y, entonces, empezará el juego.

Emilio García es Funcionario y exdirector de Gabinete de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitale.



Fuente: El País - CInco días