Antes del 23
de marzo, operadores como Claro, Tigo y Movistar no estaban autorizados para
compartir los datos personales de sus clientes con entidades públicas. Como el
gobierno declaró Estado de Emergencia (ver Glosario), ellos pueden recolectar
información personal y enviarla a estas instituciones. Estas la pueden usar
para “prevenir, tratar o controlar” la propagación del nuevo coronavirus. Eso
dice una circular externa enviada por la Superintendencia de Industria y
Comercio a Asomóvil, la asociación que congrega a los operadores Claro,
Movistar y Tigo.
Esa
estrategia, al igual que la del confinamiento, sonaría autoritaria en
condiciones normales. O pregúntese: ¿desde cuándo el Instituto Nacional de
Salud tendría por qué saber los lugares que usted ha visitado? Sin embargo,
esta pandemia no es una situación normal: es la primera vez que el mundo
hiperconectado, el del big data e inteligencia artificial, enfrenta una
calamidad pública de estas dimensiones. Eso ha abierto un debate frente a la
transparencia de los gobiernos que usan aplicaciones y datos personales de sus
ciudadanos para enfrentar el problema.
El
historiador Yuval Noah Harari sentenció en una columna del pasado 20 de
marzo en el Financial Times que esta emergencia podría dejarle una difícil
decisión a la humanidad: escoger entre la privacidad de su sistema biológico o
la salud. Harari cuestiona el rumbo que podría tomar el uso de la tecnología en
la salud, en especial, si los gobiernos usan datos personales, como el
seguimiento de la temperatura u otros signos corporales en tiempo real, para
controlar a los ciudadanos y así anticiparse y frenar nuevos brotes de
epidemias. Él cita el ejemplo de China, pero ellos no son los únicos. Estas son
las estrategias de algunos países y los esfuerzos de otras gigantes
tecnológicas.
¿Quién pone el ejemplo?
Los chinos
optaron por un sistema de vigilancia que clasifica a los ciudadanos por
colores, para determinar si pueden o no estar fuera de casa. Cada uno tiene un
código QR que se actualiza al cruzar datos de cámaras de termografía en sitios
públicos, geolocalización de los celulares, reportes de centros de salud, entre
otros. Si es verde, tiene permiso de circular con libertad; amarillo significa
que esa persona estuvo en una zona de peligro de infección (y debería estar
aislada 7 días), y el rojo es para los que representan alto riesgo de covid-19
(deberían estar confinados 14 días).
“Después de
registrarse con un número de teléfono, nombre y número de identificación, los
usuarios pueden saber si estuvieron en contacto cercano con alguien infectado”,
dice en una publicación del 10 de febrero de la página de la Comisión Nacional
de Salud de China.
Carolina
Botero, directora de la Fundación
Karisma, una organización que trabaja por la promoción de los derechos humanos
en el mundo digital, señala que ese país lleva construyendo un Estado de
vigilancia hace más de una década, y aunque esa estrategia suene razonable dada
la emergencia, no se debe ver como la única opción.
En una
columna para El Espectador, del pasado 27 de marzo, Botero resalta el ejemplo
de Singapur, como una opción para mitigar los efectos para la privacidad. En
ese país, explica un informe de Reuters, la aplicación TraceTogether
intercambia señales de bluetooth entre usuarios que estén a menos de dos metros
y crea un registro que queda guardado en el teléfono. Los ciudadanos, que no
están obligados a descargar la aplicación, envían esa información al gobierno,
que aseguró no acceder a la ubicación de los usuarios y suspender el uso de la
herramienta en la medida que disminuyan los contagios.
Google y Apple se suman
A mediados
de abril, las gigantes tecnológicas publicaron imágenes de cómo se redujo el
tráfico peatonal y de carros en las ciudades, producto de las medidas de
confinamiento. Esta información estaba anonimizada y solo se mostró en términos
de porcentajes. Desde ahí comenzó una alianza que no ha dejado de dar de qué
hablar. No solo porque es una unión histórica de dos rivales en la tecnología
sino por las mismas cuestiones de privacidad, ya que las compañías dijeron que
pondrían su recopilación de datos al servicio del gobierno.
Esa misma
semana, medios especializados como The Verge y Motherboard se
sumergieron en los rincones del documento que explican la alianza y encontraron
algunos puntos relevantes:
Primero,
ellos no están trabajando en una aplicación sino en una actualización para los
sistemas operativos iOS y Android, que activaría las señales bluethooth de dos
teléfonos que están en un rango de máximo 100 metros a la redonda, creando un
código que alimenta una gran base de datos.
La utilidad
del proyecto comenzaría cuando una persona que sale positivo en una prueba de
covid-19 mande un registro voluntario a la base da datos central y este envíe
notificaciones a los teléfonos que han estado cerca. Según las compañías, la
trazabilidad entre los dos sistemas operativos es lo que permitiría llegar a
muchas más personas. Pero no son claros en cuál es la distancia que van a tener
en cuenta para enviar las alertas.
Se espera
que la iniciativa se termine de pulir a mediados de mayo y que las compañías
envíen una actualización a los teléfonos para que comience a funcionar, pero
hacen énfasis en que sigue siendo opcional y cada usuario es libre de activarla
o no.
El tema se
puede ver desde dos perspectivas, señala Daniel Urrea, investigador en
comunicación digital de la Universidad de Antioquia, “quienes dicen que con los
datos pueden hacer mucho daño y quienes dicen que son esos mismos datos los que
nos hacen la vida más fácil. Esa es una discusión que se tiene que seguir
dando, por el bienestar de la libertad de expresión y de tener ciudadanos más
informados”.
Antes del 23
de marzo, operadores como Claro, Tigo y Movistar no estaban autorizados para
compartir los datos personales de sus clientes con entidades públicas. Como el
gobierno declaró Estado de Emergencia (ver Glosario), ellos pueden recolectar
información personal y enviarla a estas instituciones. Estas la pueden usar
para “prevenir, tratar o controlar” la propagación del nuevo coronavirus. Eso
dice una circular externa enviada por la Superintendencia de Industria y
Comercio a Asomóvil, la asociación que congrega a los operadores Claro,
Movistar y Tigo.
Esa
estrategia, al igual que la del confinamiento, sonaría autoritaria en
condiciones normales. O pregúntese: ¿desde cuándo el Instituto Nacional de
Salud tendría por qué saber los lugares que usted ha visitado? Sin embargo,
esta pandemia no es una situación normal: es la primera vez que el mundo
hiperconectado, el del big data e inteligencia artificial, enfrenta una
calamidad pública de estas dimensiones. Eso ha abierto un debate frente a la
transparencia de los gobiernos que usan aplicaciones y datos personales de sus
ciudadanos para enfrentar el problema.
El
historiador Yuval Noah Harari sentenció en una columna del pasado 20 de
marzo en el Financial Times que esta emergencia podría dejarle una difícil
decisión a la humanidad: escoger entre la privacidad de su sistema biológico o
la salud. Harari cuestiona el rumbo que podría tomar el uso de la tecnología en
la salud, en especial, si los gobiernos usan datos personales, como el
seguimiento de la temperatura u otros signos corporales en tiempo real, para
controlar a los ciudadanos y así anticiparse y frenar nuevos brotes de
epidemias. Él cita el ejemplo de China, pero ellos no son los únicos. Estas son
las estrategias de algunos países y los esfuerzos de otras gigantes
tecnológicas.
¿Quién pone el ejemplo?
Los chinos
optaron por un sistema de vigilancia que clasifica a los ciudadanos por
colores, para determinar si pueden o no estar fuera de casa. Cada uno tiene un
código QR que se actualiza al cruzar datos de cámaras de termografía en sitios
públicos, geolocalización de los celulares, reportes de centros de salud, entre
otros. Si es verde, tiene permiso de circular con libertad; amarillo significa
que esa persona estuvo en una zona de peligro de infección (y debería estar
aislada 7 días), y el rojo es para los que representan alto riesgo de covid-19
(deberían estar confinados 14 días).
“Después de
registrarse con un número de teléfono, nombre y número de identificación, los
usuarios pueden saber si estuvieron en contacto cercano con alguien infectado”,
dice en una publicación del 10 de febrero de la página de la Comisión Nacional
de Salud de China.
Carolina
Botero, directora de la Fundación
Karisma, una organización que trabaja por la promoción de los derechos humanos
en el mundo digital, señala que ese país lleva construyendo un Estado de
vigilancia hace más de una década, y aunque esa estrategia suene razonable dada
la emergencia, no se debe ver como la única opción.
En una
columna para El Espectador, del pasado 27 de marzo, Botero resalta el ejemplo
de Singapur, como una opción para mitigar los efectos para la privacidad. En
ese país, explica un informe de Reuters, la aplicación TraceTogether
intercambia señales de bluetooth entre usuarios que estén a menos de dos metros
y crea un registro que queda guardado en el teléfono. Los ciudadanos, que no
están obligados a descargar la aplicación, envían esa información al gobierno,
que aseguró no acceder a la ubicación de los usuarios y suspender el uso de la
herramienta en la medida que disminuyan los contagios.
Google y Apple se suman
A mediados
de abril, las gigantes tecnológicas publicaron imágenes de cómo se redujo el
tráfico peatonal y de carros en las ciudades, producto de las medidas de
confinamiento. Esta información estaba anonimizada y solo se mostró en términos
de porcentajes. Desde ahí comenzó una alianza que no ha dejado de dar de qué
hablar. No solo porque es una unión histórica de dos rivales en la tecnología sino
por las mismas cuestiones de privacidad, ya que las compañías dijeron que
pondrían su recopilación de datos al servicio del gobierno.
Esa misma
semana, medios especializados como The Verge y Motherboard se
sumergieron en los rincones del documento que explican la alianza y encontraron
algunos puntos relevantes:
Primero,
ellos no están trabajando en una aplicación sino en una actualización para los
sistemas operativos iOS y Android, que activaría las señales bluethooth de dos
teléfonos que están en un rango de máximo 100 metros a la redonda, creando un
código que alimenta una gran base de datos.
La utilidad
del proyecto comenzaría cuando una persona que sale positivo en una prueba de
covid-19 mande un registro voluntario a la base da datos central y este envíe
notificaciones a los teléfonos que han estado cerca. Según las compañías, la
trazabilidad entre los dos sistemas operativos es lo que permitiría llegar a
muchas más personas. Pero no son claros en cuál es la distancia que van a tener
en cuenta para enviar las alertas.
Se espera
que la iniciativa se termine de pulir a mediados de mayo y que las compañías
envíen una actualización a los teléfonos para que comience a funcionar, pero
hacen énfasis en que sigue siendo opcional y cada usuario es libre de activarla
o no.
El tema se
puede ver desde dos perspectivas, señala Daniel Urrea, investigador en
comunicación digital de la Universidad de Antioquia, “quienes dicen que con los
datos pueden hacer mucho daño y quienes dicen que son esos mismos datos los que
nos hacen la vida más fácil. Esa es una discusión que se tiene que seguir
dando, por el bienestar de la libertad de expresión y de tener ciudadanos más
informados”.
Esto es lo
que se sabe de momento, pero la decisión de compartir su información, en este
caso, sigue siendo suya y no del gobierno o el fabricante que diseñó su
celular.
Fuente: ElColombiano
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