Legisladores de la Cámara de Representantes de EE. UU. votarán cinco proyectos de ley que buscan frenar el poder de los conglomerados tecnológicos. No es el único país en el que avanzan investigaciones y leyes en este sentido. ¿Qué implica esto para los consumidores?
Alemania lanzó una investigación contra Apple para verificar si iOS, el sistema operativo de los iPhone, está entorpeciendo la libre competencia de sus rivales. La Comisión Europea investigará a Google para establecer, a grandes rasgos, si sus tecnologías de publicidad en línea impiden la libre competencia de otros rivales en este mercado. Todo esto sucedió en los dos primeros días de esta semana.
Son días
azarosos para las grandes compañías de tecnología, que operan a escala global y
que se han convertido en algunas de las empresas más rentables en todo el
planeta. Con su alcance y responsabilidades planetarias era apenas una cuestión
de tiempo que comenzaran a emerger cuestionamientos y molestias, por decir lo
menos, sobre sus poderes.
Y esta es una
pregunta que, sin formularse de manera coordinada, parecen compartir
autoridades en China, Australia, India, la Unión Europea y, un poco más
recientemente, Estados Unidos. Este miércoles se define si se cambian
las reglas de juego para las grandes compañías tecnológicas en EE. UU., un
cambio que podría transformar la economía digital tal como la conocemos hasta
ahora.
El Comité
Judicial de la Cámara de Representantes de ese país votará un paquete de cinco
proyectos de ley con el que se busca frenar el poder de los conglomerados
tecnológicos. Las iniciativas prometen sacudir las leyes antimonopolio de EE.
UU., normas que no han sido modificadas en décadas y son el resultado de una investigación de 16 meses en
la que legisladores bipartidistas concluyeron que dichas empresas tienen
demasiado poder y abusan de su posición dominante para aplastar a la
competencia.
Los proyectos
de ley van dirigidos a compañías que tienen, por lo menos, 50 millones de
usuarios mensuales activos en Estados Unidos, mínimo 100.000 usuarios
comerciales activos al mes y que están bajo el control de una persona con
ventas netas anuales o una capitalización de mercado superior a los US$600.000
millones. Es decir, incluye a varias de las llamadas ‘Big Tech’.
“Desde
Amazon y Facebook hasta Google y Apple, está claro que estos gigantes
tecnológicos no regulados se han vuelto demasiado grandes como para preocuparse
y demasiado poderosos como para poner a la gente por encima de las ganancias”,
aseguró en un comunicado Pramila Jayapal, vicepresidenta del subcomité
antimonopolio de la Cámara.
No es
nuevo que las compañías tecnológicas sean cuestionadas por posibles prácticas
que atentan contra la libre competencia, sin embargo, es la
primera vez que el Congreso estadounidense debatirá una legislación para
controlar su poder y para la cual cuenta con el apoyo de ambos
partidos.
Según
Jayapal, con estas normas se busca controlar el comportamiento anticompetitivo,
evitar las prácticas monopolísticas y restablecer la equidad y la competencia,
“al mismo tiempo que nivelan el campo de juego y permiten que prospere la
innovación”.
Hay dos
iniciativas que podrían tener acogida en el Congreso. Una es la ley access o “acceso”, que haría que las empresas
faciliten el traslado de datos de usuarios que quieran utilizar los servicios
de un competidor. Esto le permitiría a una persona descargar fotos o datos de
una red social y trasladarlos fácilmente a otra, por ejemplo. La otra propuesta consiste en actualizar las tarifas
que deben pagar las compañías al momento de presentar una fusión. Esto haría
que los reguladores cuenten con recursos para operar y pondría cierto grado de
dificultad a la hora de adquirir empresas.
Actualmente existen dos
proyectos similares en el Senado de EE. UU., por lo que algunos creen que dicha
Cámara les dará su visto bueno.
Los otros
proyectos incluyen medidas más agresivas para evitar la creación de monopolios.
Uno de ellos prohíbe la adquisición de competidores en ascenso y exige a las
empresas demostrar que sus fusiones no compiten con productos o servicios que
ya tienen. Esto pondría en aprietos a compañías como Facebook, a la que se le
ha acusado de acabar con su competencia por medio de adquisiciones.
En esa línea, el segundo
proyecto les prohibiría operar nuevas líneas de negocio que puedan generarles
un conflicto de intereses. La ley les habla a Amazon y a Google, que exhiben
productos, servicios o contenidos de otros competidores en sus plataformas, a
la vez que exhiben sus propios productos allí.
Justamente,
la tercera norma haría ilegales varias conductas empresariales en las que los
conglomerados privilegian sus productos y servicios por encima de los de sus
rivales. Esto evitaría, por ejemplo, que Apple exija a los
desarrolladores en su App Store usar su sistema de compra dentro de la aplicación o
que su tienda sea el único lugar en el que usuarios de iPhone y
iPad pueden descargar aplicaciones. También haría que Google
deje de privilegiar servicios como Maps o YouTube en su buscador o que Amazon
exhiba sus productos y dificulte la visibilidad de su competencia.
La reacción
de las empresas de Silicon Valley no se hizo esperar. Cuando los legisladores
presentaron estas propuestas en la segunda semana de junio, NetChoice, grupo
que representa a Amazon, Google, Facebook y otras empresas tecnológicas, dijo
que las normas hundirían a las principales empresas estadounidenses y
socavarían la competitividad del país.
“Si se
convierten en ley, estos proyectos resultarán en precios más altos,
menos opciones y menos innovación para los estadounidenses”, dijo en
un comunicado Carl Szabo, vicepresidente y asesor general del grupo. Y agregó
que “los legisladores no deberían aprobar leyes que cederían terreno a
competidores extranjeros y abrirían datos estadounidenses a actores peligrosos
y poco confiables”.
Otros
detractores del paquete temen que se obligue a las empresas a deshacerse de
ciertos servicios, como a Google de Maps y YouTube, o que Apple deba eliminar
la plataforma iMessage de sus iPhone. “Creemos que los votantes esperan que el
Congreso arregle las cosas que no funcionan, no que rompan o prohíban las cosas
que creen que funcionan bien”, dijeron 13 organizaciones como la Cámara de
Progreso, la Asociación de la Industria de la Computación y las Comunicaciones,
y NetChoice.
Sin embargo,
para algunos analistas, es necesario que las compañías estén dispuestas a dar
los debates esenciales que pide la industria, en vez de oponerse tajantemente a
las regulaciones.
“Es correcto
preocuparse por la participación de China en el robo de secretos de Estados
Unidos. Eso no tiene casi nada que ver con si los estadounidenses estarían
mejor si se prohibiera a Facebook comprar el próximo Instagram o si Apple no
debería poder dar una ventaja a sus servicios de fitness y música en iPhones”,
opina Shira Ovide, periodista de The New York Times.
Además de pasar por la
votación de hoy, a este paquete le esperan debates en ambas cámaras del
Congreso. Y aunque las propuestas pueden sufrir modificaciones, y es de
esperarse que las compañías peleen para evitar su avance, en muy pocas
ocasiones se ven iniciativas que estén respaldadas por ambos partidos.
Los
demócratas se han caracterizado por centrar el debate en modificar las leyes
antimonopolio para poner en cintura la concentración de poder económico de las
Big Tech, mientras que los republicanos argumentan que estas empresas utilizan
su alcance para silenciar las voces de la derecha. Aun así, legisladores de
ambas alas coinciden en que estos conglomerados han crecido
desproporcionadamente a falta de una regulación que los vigile de cerca.
Estas son los
proyectos de ley que se debatirán hoy:
Ley
estadounidense de innovación y elección en línea
Esta
iniciativa busca prohibir “la conducta discriminatoria” de las plataformas
dominantes. Implica que no podrán privilegiar sus productos y servicios por
encima de sus rivales, excluir a la competencia o utilizar sus datos para
desarrollar productos más competitivos. Tiene en la mira a empresas como
Google, Amazon y Apple, acusadas de beneficiar a sus productos en el buscador,
el marketplace y la tienda de aplicaciones App Store, respectivamente.
Ley de
competencia y oportunidad de las plataformas
Esta norma
impediría a las grandes compañías adquirir a competidores en ascenso o hacer
fusiones que expandan su poder de mercado. Las firmas tendrían que demostrar
que la empresa que compran no compite con ningún producto o servicio en el que
ya se encuentran, lo que podría ralentizar las adquisiciones. El proyecto le
apunta a empresas como Facebook, que ha sido duramente criticada por haberse
hecho con Instagram y WhatsApp y presuntamente infringir las leyes
antimonopolio de EE. UU.
Ley para poner fin a los
monopolios de plataformas
Es uno de los
proyectos de ley más controversiales, pues les prohibiría a las ‘Big Tech’
operar líneas de negocio que puedan generarles un conflicto de intereses, como
poder favorecer sus servicios por encima de los de otros jugadores o tener la
posibilidad de poner en desventaja a un competidor. Los legisladores han
asegurado que Amazon y Apple ya incurren en esta práctica. La norma también
podría afectar a Google, que es dueña de la plataforma de videos YouTube y a su
vez de un motor de búsqueda que organiza los resultados de los videos de
internet.
Ley Access o “Acceso”
Con esta ley
las compañías tendrían que facilitar la interoperabilidad entre plataformas,
haciendo que los consumidores puedan trasladar sus datos fácilmente de su
servicio al de un competidor. También exige que las empresas aseguren los datos
de los usuarios en este proceso y evitar riesgos de seguridad. Analistas
locales opinan que esta norma podría tener buena acogida, pues ya cursa una
propuesta similar en el Senado.
Ley de modernización de
tarifas para fusiones
La iniciativa
busca actualizar las tarifas de presentación de fusiones por primera vez en
veinte años para que el Departamento de Justicia y la Comisión Federal de
Comercio tengan más recursos para operar. La norma haría que los actores
involucrados en grandes fusiones paguen una “parte justa” que no se traslade a
los consumidores. Cebe decir que el Senado aprobó este mes una legislación
similar como parte de un proyecto de ley más amplio.
Una preocupación global
Las 10
compañías más grandes del sector tecnología suman un patrimonio de US$10
billones. Si se miran en conjunto, serían la tercera economía más grande en el
planeta, luego de Estados Unidos y China.
El problema
es que no son un Estado, con obligaciones internacionales, sino una suerte de
suprapoder que responde ante ciertas legislaciones, cuando se toman el trabajo
de adherirse a las leyes (el caso de Uber es un buen ejemplo del sello de
operar y preguntar luego).
Buena parte
de los líos que hay con estas empresas es que controlan, de cierta forma, el
acceso y flujo de información en sectores como las comunicaciones, el
entretenimiento y el comercio en línea.
Y en la
medida que su alcance global ha ido creciendo, también lo han ido
haciendo sus detractores, críticos y la preocupación de autoridades que
se han alineado en dos grandes tensiones: acceso y difusión de la información,
un punto en el que se agrupan asuntos como la moderación de contenido y la
privacidad de los datos de millones de usuarios, y la salud de mercados que se
encuentran vastamente controlados por un puñado de compañías.
“En la medida
en la que el poder de las plataformas digitales ha crecido, ha comenzado a ser
más claro que necesitamos más elementos para tener a raya ese poder”, dijo
Margrethe Vestager, la comisaria europea para la competencia.
La voz de
Vestager es clave en todo este asunto, ya que Europa ha liderado los esfuerzos
para poner a raya el poder de las empresas de tecnología, especialmente en lo
que tiene que ver con privacidad de los usuarios y supuestas prácticas
monopolísticas en el lucrativo mercado de la publicidad digital. Se calcula
que, para 2019, el gasto en publicidad en la Unión Europea ascendió a cerca de
US$24.000 millones.
Las presiones
y objeciones contra las Big Tech también han emergido en Australia, en donde un
controvertido proyecto de ley fue impulsado para obligar a las plataformas a
compartir parte de las ganancias que extraen por la circulación de la
información de medios de comunicación locales.
China, uno de los mercados de tecnología más lucrativos en el mundo (pero que
tiene sus fronteras cerradas para algunas de las plataformas) también ha
comenzado a apretar la legislación antimonopolio. El hecho más reciente de
estas acciones fue la desactivación de la salida a bolsa de Ant y la multa e
investigación contra Alibaba, el gigante del comercio electrónico chino.
Ahora bien,
los esfuerzos por meter en cintura a las Big Tech traen peligros para los
usuarios y para la estructura de internet.
La
legislación es, por diseño, una visión social (y politizada) sobre un problema.
Por lo que no todas las visiones sobre internet necesariamente estarán
alineadas con los principios de apertura e interoperabilidad que han gobernado
la estructura de la red. En otras palabras, legislar con una intención
y alcances en determinado mercado y hacerlo con otros fines en otro puede crear
una suerte de balcanización de la web.
Esta es una
visión que defiende la Electronic Frontier Foundation al hablar de una red de
interés público: “En la internet real, a uno o dos clics de distancia de ese
puñado de conglomerados, sigue habiendo un mundo más amplio, más diverso y más
generoso. Dirigida a menudo por voluntarios, con frecuencia sin ninguna
afiliación institucional obvia, a veces diminuta, a menudo local, pero libre
para que todo el mundo en línea la utilice y contribuya a ella, esta internet
precedió a las Big Tech e inspiró la visión más temprana y optimista de su
futuro lugar en la sociedad”.
Sin mayores
grandilocuencias, la forma como se resuelvan estas preguntas y tensiones podría
afectar fundamentalmente la que quizás es la infraestructura humana más
importante en el momento.
Fuente: El
Espectador
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