Así se recoge en el anteproyecto de la Ley de
Ciberseguridad 5G, que se prevé aprobar este verano, y que obligará a los
operadores a realizar un análisis de gestión de riesgos cada dos años y a la
Administración, al menos cada seis, para fijar los requisitos de ciberseguridad
específicos para el despliegue y la explotación de redes de 5G.
El anteproyecto busca desarrollar la llamada
telefonía móvil de quinta generación en España en un entorno de confianza que
permita al país situarse en una posición avanzada en esta nueva tecnología que
cambiará no solo el mundo de las comunicaciones sino el entorno industrial
gracias a sus aplicaciones instantáneas a distancia, según han informado este
lunes fuentes de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones.
Con esta ley, el Gobierno español sortea de forma
diplomática el posible veto a Huawei, ya que el anteproyecto no establece
“vetos apriorísticos” a ningún operador, y dependerá del nivel de riesgo en que
se categorice al fabricante chino para decidir en cada momento sobre la
idoneidad de contratar sus redes y equipos para el despliegue del 5G, según las
fuentes citadas de la Administración.
La propuesta de norma incluye principalmente
medidas destinadas a los operadores de redes y servicios 5G, pero también a
suministradores, fabricantes y a determinados usuarios corporativos que el
texto identifica, así como los procedimientos que se deben seguir en el ámbito
público para garantizar la seguridad en el despliegue.
Los operadores de redes (Telefónica, Orange,
Vodafone, MásMóvil, Euskaltel y otros) deberán analizar su dependencia en la
cadena de suministros y estarán obligados a elaborar e informar de la ejecución
de una estrategia de diversificación de suministradores, teniendo que adoptar
medidas para limitar la dependencia de un solo suministrador y restricciones
para los proveedores que sean calificados de alto riesgo.
Por su parte, el Gobierno adoptará, por Real
Decreto, el Esquema de Seguridad de Redes y Servicios 5G, con el cual se
realizará un tratamiento integral de la seguridad en las redes y servicios 5G
nacionales. Dentro del esquema, se priorizarán los riesgos y las medidas para
mitigarlos que deberán tener en cuenta los operadores.
Para la elaboración del mismo se tendrán en cuenta
los análisis realizados por los operadores, incluyendo las vulnerabilidades de
la cadena de suministros. El borrador establece de modo transparente los
factores a considerar en el análisis de la cadena de suministros, desde la
garantía técnica de funcionamiento y protección frente a ataques, hasta la
limitación de su exposición a injerencias de terceros, según las mismas
fuentes.
Análisis de riesgo
En función del análisis de riesgos de la cadena de
suministros, y previo informe del Consejo de Seguridad Nacional, el Ministerio
de Asuntos Económicos y Transformación Digital podrá promover un Acuerdo del
Consejo de Ministros para calificar el nivel de riesgo (bajo, medio o alto) de
los distintos suministradores.
Una vez se decida la inclusión de un suministrador
en una de las categorías fijadas, esto tendrá consecuencias para dicha compañía
en un proceso posterior en el que, en función del riesgo correspondiente, se
podría ver excluido de una parte o de la totalidad de la red 5G, según fuentes
de la Secretaría de Estado.
Para evaluar el nivel de riesgo de un operador se
realizarán dos tipos de análisis, uno que abordará cuestiones puramente
técnicas y otro dedicado a identificar riesgos adicionales, como pueden ser la
estructura de la sociedad o la capacidad de injerencia de un Gobierno
extranjero en la empresa.
El anteproyecto realiza la traslación al marco
legal español de las medidas estratégicas, técnicas y de apoyo para mitigar los
riesgos de seguridad, contenidas en la llamada caja de herramientas (tool
box) consensuada entre los Estados Miembros de la Unión Europea. La caja de
herramientas identifica las principales amenazas y sus fuentes, los activos más
sensibles, las principales vulnerabilidades y una serie de riesgos estratégicos
en el despliegue de redes 5G.
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